La muerte del inocente e indefenso (II)

La Declaración Universal de los Derechos Humanos alcanza, aunque suene redundante, a toda la humanidad. Esto se observa de modo significativo en su tercer artículo: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. La peculiaridad de la palabra “universal” subraya el hecho de que la Declaración abarca al conjunto de todas las personas. Todos tenemos derechos que son inalienables por el mero hecho de pertenecer a la raza humana, y las legislaciones que se han adherido a tal Declaración, se ven especialmente obligadas a respetarla. El texto elaborado en 1948 no nos convirtió, de pronto, en gente con derechos, sino que es la expresión del deseo perenne de que jamás nos convirtamos en un elemento útil y desechable de ningún poder económico, social o político.

La universalidad de la Declaración, especialmente de su tercer artículo, implica, además, que el ser humano está amparado por ella en todos los momentos de su vida. Introducir excepciones equivale a defender la idea de que es posible encontrar circunstancias que justifiquen el dominio injusto del más fuerte sobre los demás. El extremo de esta penosa afirmación es que los más poderosos pueden disponer de las vidas de otras personas. Sabemos que esto ocurre en muchos países tiranizados por una violenta dictadura, donde las leyes que defienden las vidas de los ciudadanos no son respetadas por aquellos que gobiernan. Sin embargo, esto también se da de modo velado, silencioso –o, más bien, silenciado por unos cuantos–, en legislaciones que han establecido un marco jurídico para que el aborto sea legal.

En Latinoamérica, en los últimos años, ha habido diversos intentos por introducir determinadas causales para hacer que el aborto sea legal, o para ampliar su legalidad. En las discusiones llevadas a cabo en tales tentativas se ha podido comprobar lo que el filósofo norteamericano Alasdair MacIntyre indicó hace ya algunos años: el debate en torno al aborto se encuentra dialécticamente en un punto muerto. Los argumentos biológicos parecen agotados para debatir desde el momento en que consideramos que es posible determinar la paternidad de una persona sobre sus hijos por medio de su ADN. Esto se debe a que el zigoto contiene toda la información genética necesaria para convertirse en un ser humano. Desde este punto de vista no hay nada que discutir: un ser humano es tal desde el momento de su concepción.

El debate no se encuentra en el plano biológico sino en el legal, especialmente alrededor del concepto de “persona”. Se discute si el estatuto jurídico del ser humano en los periodos iniciales de la vida es el de “persona” y, si debido a ello, es merecedor de la protección legal que debemos poseer todos. Es decir, la pregunta en estas discusiones es: ¿todo “ser humano” debe ser considerado “persona”? Algunos partidarios del aborto asumen que no es así. Por tanto, no bastaría con haber sido concebido humano para quedar amparado por la legislación. Según esta perspectiva, el zigoto deberá poseer algunas características añadidas para que, dependiendo del marco legal, pueda ser considerado digno de mantener su vida. En otras palabras, quienes afirman esto separan artificiosamente la identidad biológica y la jurídica de tal modo que sólo aquellos que sean capaces de alcanzar cierta conciencia, gocen de un grado de salud, puedan vivir en determinadas condiciones de vida, o hayan sido concebidos y gestados bajo ciertas circunstancias, serán los llamados a evitar una muerte legal, pero injusta. Legalizar el aborto es, por tanto, establecer leyes injustas que permiten la eliminación de humanos bajo unos criterios discriminatorios. ¿Cuáles son esos criterios? Las causales para permitir el aborto que se han intentado introducir en todos estos años.

La legalización del aborto hace que todos los seres humanos en estado embrionario, que caen bajo estos criterios de selección, sean susceptibles de ser condenados al cadalso antes siquiera de haber visto la luz. Podrían ser ejecutados por los más fuertes, apoyados en un marco legal que justifica la destrucción de inocentes e indefensos, muchas veces bajo la pueril consigna de “la elección sobre el propio cuerpo”. Es claro que esta afirmación tiene algo de sentido, pero parece injustificable su aplicación a actos que causan voluntariamente la muerte de alguien que obviamente no es parte la propia corporeidad. Parece claro que lo contrario es indicar que hay personas a las que se puede catalogar de “objeto de desecho”. ¿Es posible que estos sean los nuevos términos bajo los que rige nuestra civilización? Si permitimos leyes que justifiquen etiquetar a seres indefensos e inocentes como “sujetos merecedores de la muerte”, entonces  estamos afirmando esta terrible cultura.

No podemos dejar de considerar a alguien que muchas veces carece de la protección social y jurídica adecuada: la madre, sometida a presiones que la llevan a pensar que abortar es una salida de su situación de desamparo, y que cae indefensa bajo los intereses de otros, o de empresas implicadas en el lucrativo negocio de la “compra y venta de la muerte”. Son tales negocios del aborto los más empeñados en hacer que éste sea legal, esperando recaudar grandes ganancias con la matanza de seres humanos. Aquí el cinismo les sirve escudo. Creen en el derecho del más fuerte, en la imposición de sus intereses: el establecimiento de la cultura de la muerte del inocente e indefenso, para incrementar sus ganancias, utilizando a la sociedad misma para lograrlo. Creo que es importante que abramos los ojos para no pactar con esta comercialización de la muerte. Ésta ha tomado el disfraz de la defensa de determinados derechos, pero no es más que la excusa para intentar anular el derecho universal a la vida, para que sean unos cuantos los que dicten quien puede vivir, y quien no.

Este artículo fue publicado el 11 de julio de 2017 en Posición.pe